El fiscal Rubén Villalba tuvo varios sobresaltos en su carrera como fiscal. El hombre se desempeña como fisal penal en la unidad número 7, ubicada en Nuestra Señora 737 y Haedo.
Actuó en uno de los casos más emblemáticos de la justicia paraguaya, que fue el generado a raíz del incendio del supermercado Ycua Bolaños. Con el transcurrir del caso, las víctimas solicitaban con más insistencia su alejamiento. Le acusaban de dejar impunes en este proceso a los exintendentes de Asunción Enrique Riera y Martín Burt.
También fue cuestionada su actuación cuando analizó la actuación del empresario supermercadista Elzear Salemma, investigado en su momento por llamativas transacciones que realizó con los procesados por el siniestro, en alusión a la compra de supermercados pertenecientes a la cadena Ycuá Bolaños. Las víctimas realizaron varias manifestaciones para pedir la remoción de Villalba.
Por otro lado, investigó un caso por el hallazgo de una carga de lidocaína. Rubén Villalba solicitó la desvinculación del proceso de dos ciudadanos bolivianos, Alejandro Rebollo Rojas y Gabriel Humberto Flores, de los brasileños Roberto Pires Da Silva y Ronaldo Ramírez, y del paraguayo Óscar Cecilio Escobar Coronel.
De acuerdo a los antecedentes, el hecho ocurrió el 2 de julio de 2011, cuando cayeron 80 bidones azules que se sospechaba contenían cocaína. Fue en la embarcación denominada “Alexandre Jr.”, en el Puerto de Vallemí. El fiscal antidrogas Javier Ibarra realizó el operativo, pero luego del examen de la sustancia y de que esta resultara ser lidocaína y no cocaína, remitió la causa a la unidad penal ordinaria, donde resultó sorteado Villalba.
El fiscal pidió el “archivo”, justamente basado en que la carga era lidocaína con 100% de pureza, cuya compra y venta es permitida, según había manifestado argumentando reglamentaciones del Ministerio de Salud y de la Dirección Nacional de Aduanas.
“No se ha podido demostrar la vinculación de estas personas con la comisión de tráfico de drogas peligrosas”, expresó el agente del Ministerio Público. Agregó que la legalidad del cargamento debe ser estudiada luego del sumario administrativo que se encuentra en proceso en Aduanas. Este punto no quedó claro para el juez Amarilla, debido a que el fiscal no pudo descartar si se trataba o no de un cargamento que ingresó de contrabando. Cuestionaba la actitud de finiquitar el proceso antes de esta conclusión.
También lo tildaban de “negligente”, ya que llamativamente en algunos procesos no presentaba su requerimiento conclusivo, como en el caso contra el coreano Sung Bae Lim, procesado por homicidio doloso en grado de tentativa, amenaza de hecho punible, coacción, coacción grave, privación de libertad y toma de rehenes.
Villalba intervino en el hecho que se produjo el 3 de diciembre de 2009, en el que Sung Bae Lim tomó de rehén a su paisana prestamista Eun Suk Chung Kim, a punta de pistola, en el Mercado Cuatro.
El fiscal Rubén Villalba también participó en otro caso importante. Fue quien solicitó el sobreseimiento del extinto Lino César Oviedo en el proceso abierto por el homicidio del vicepresidente de la República Luis María Argaña.
El fiscal Rubén Villalba Ibarra fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la supuesta comisión de los hechos punibles de prevaricato, asociación criminal, apropiación, frustración de la persecución penal, omisión de aviso de un hecho punible y persecución de inocentes, según los datos.
El denunciante fue Sergio Rudi Martínez Duarte, quien asegura que el fiscal se apropió de su camión Mercedes Benz tipo 1620, año 1998. Lo acusó de conformar una “rosca mafiosa” para restituir los vehículos al Brasil. La requisa se realizó sin orden judicial y su actuación no fue comunicada al juez competente, señala Martínez Duarte.
El denunciante también refiere que el camión le fue ofrecido nuevamente en venta, a través del abogado Daniel Ginés, con quien el fiscal Rubén Villalba estaría asociado, refieren los escritos elevados a los tres órganos del Estado.
NO DECLARÓ LA VÍCTIMA
Rubén Alberto González, violador en serie confeso, fue condenado a 8 años de cárcel por abuso sexual de un niño de 8 años, ocurrido en la zona de la Chacarita el 31 de diciembre de 2005.
El tribunal de sentencia integrado por Daniel Ferro, Héctor Capurro y María Esther Fleitas objetó duramente la labor del fiscal Rubén Villalba, porque ni siquiera se encargó de tomar declaración en la cámara Gessell del menor que resultó víctima. El agente, consultado sobre por qué no completó esta diligencia, dijo que prefería que este no sea revictimizado.
Indignada, impotente y con un relato desgarrador, la madre del menor víctima de la violación expresó que no le queda más que buscar justicia por mano propia, ante la exigua condena por tanto daño causado. “Es una vergüenza, quiero irme de este país, quiero vender todo lo que tengo e irme, llevarle a mi hijo; si hay alguien que me ayude a liquidarle a este desgraciado, yo pago, estoy destrozada, no esperé esto”, dijo la señora.
Agregó sobre las secuelas que dejó el hecho en su menor: “Mi hijo me dice ‘nunca mamá voy a olvidarme, quiero ser militar no policía para que me enseñen a matar porque tengo que matarle a ese desgraciado’; tuve la esperanza de que este tribunal haga justicia para que mi hijo no se vuelva asesino”. Reclamó también el pésimo trabajo de la Fiscalía. Refirió que el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta que el violador es confeso y cuenta con otros procesos. Rubén Alberto González ya fue condenado a 18 años por abusar de otro niño.
ARCHIVAN CASO DE MUERTE DE BEBÉ
El fiscal Rubén Villalba pidió el sobreseimiento definitivo de la pediatra Julia Sara Acuña Appleyard y la jefa de enfermeras, Myriam Barrios, quienes supuestamente ordenaron adulterar documentos para ocultar la negligencia en el caso de muerte del recién nacido Gastón Giret, ocurrida el 22 de mayo de 2011 en el sanatorio Migone.
Villalba, tres días después de ser asignado ante la recusación de su colega Marcelo Conigliaro, alega que tras producir pruebas peticionadas por el adjunto Marco Alcaraz, no varió la situación de las imputadas.
El agente argumenta que se dieron testificales contradictorias de dos enfermeras que ratificaron la adulteración de la ficha médica, pero por supuesta “animadversión” hacia Barrios, por llamados de advertencias y hasta una amonestación.
También descarta que la nursery no haya contado con un equipo de reanimación en el momento del hecho.
NERY RUPERT BRITOS LIBRE PESE A EVIDENCIAS
Una patrulla de Investigación de Delitos sorprendió a un ciudadano identificado como Nery Rupert Britos, sobre la calle Choferes del Chaco casi Eusebio Ayala, cuando ofertaba un automóvil Toyota Corolla, color beige, modelo 2004.
Cuando fue requerido por las documentaciones del rodado, el sujeto que resultó ser exconvicto, presentó un certificado de nacionalización identificado con el número 081307, supuestamente expedido el 24 de febrero de 2005 y consignado a nombre de la empresa Toyotoshi, además de un certificado de transferencia de la citada firma a nombre de Lucía Marlene Salazar de Macchi, protocolizado por la escribana Florinda Benítez Mendoza.
Agentes de la sección Crimen Organizado de Investigación de Delitos confirmaron que los documentos presentados por el sospechoso eran falsos. Ninguno de los papeles contaba con los sellos de seguridad requeridos, señalaron. En tanto que un peritaje confirmó que el automóvil tenía números de chasis adulterados. “El chasis original fue cortado para colocarle un implante con los números falsos. Creemos que fue robado el 20 de marzo del 2008 en São Paulo”, indicaron los agentes.
Los investigadores también señalaron que varios otros accesorios del vehículo fueron cambiados. A raíz de estos descubrimientos, el caso fue informado al fiscal de turno Rubén Villalba –protegido del senador Calé Galaverna–, quien ordenó la presentación del sospechoso y las evidencias encontradas en su poder.
El fiscal dispuso, tres horas después, la liberación de Nery Rupert Britos, sin ofrecer ninguna explicación a los agentes que participaron en el procedimiento.
El subjefe de Investigación de Delitos de la época, comisario Gilberto Fleitas, aseguró que no hubo errores de procedimiento que pueda alegar el fiscal, pues el caso fue informado en tiempo y forma al Ministerio Público.
El fiscal Rubén Villalba era considerado un intocable en el Ministerio Público. Quienes lo conocían sabían de su estrecha relación con el senador Juan Carlos Galaverna, a quien se conoce como su padrino.
