viernes, 31 de octubre de 2014

La Corte Suprema pretende amedrentar a quienes la critican POST DEL DIARIO ABC COLOR

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema encargó a su órgano ejecutivo una investigación para resolver si unos comentarios realizados en nuestro diario por la abogada Kattya González ameritan sumario administrativo. El Reglamento del Sistema Disciplinario de la Corte distingue entre las faltas graves y leves que pueden cometer los abogados “durante el ejercicio de su actividad profesional”, que no es este el caso. Uno que critica a la Corte a través de un diario no está ejerciendo su oficio, sino haciendo uso del derecho a la libertad de expresión. Los abogados son tan ciudadanos como cualquiera, y en tal carácter tienen el derecho de expresar lo que piensan sobre quienes conforman la máxima autoridad judicial. Si el Consejo de Superintendencia aplicara ahora alguna sanción por haberlo ejercido, se ganaría el repudio de la opinión pública. Por otra parte, los ministros de la Corte deben saber que, considerando sus propios intereses, no les conviene que la atención pública se dirija hacia ellos, teniendo tantos trapos sucios que esconder.
En un comentario publicado en nuestro diario, la abogada Kattya González afirmó que “la Corte Suprema de Justicia (integrada más por rufianes que ministros) como institución ha opacado el imperio de la ley e instaurado una cultura clientelar y mercantilista en la Justicia paraguaya”. El Consejo de Superintendencia de la Corte –integrado por los ministros José Torres Kirmser, Alicia Pucheta de Correa y Gladys Bareiro de Módica– encargó a su órgano ejecutivo una investigación para resolver si esos dichos ameritan un sumario administrativo. Dado que la abogada se ratificó en ellos en la audiencia preliminar, es presumible que el Consejo ordene la instrucción sumarial. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se habrían sentido particularmente agraviados por el apelativo de “rufianes”, evidentemente empleado en su acepción de hombres sin honor, perversos, despreciables.
El Reglamento del Sistema Disciplinario del Poder Judicial, aprobado por la Acordada N° 709/11, distingue entre las faltas graves y leves que pueden cometer los abogados. Una de las faltas graves es injuriar a magistrados “durante el ejercicio de su actividad profesional” (art. 24), pudiendo por eso ser sancionados con la suspensión en el ejercicio profesional hasta por un año o con la casación de la matrícula (art. 27). Una de las faltas leves es que “en el ejercicio de sus funciones” (art. 26) no respeten a los magistrados, razón por la cual pueden ser amonestados, apercibidos o suspendidos en el ejercicio profesional hasta por tres meses (art. 28).
Las opiniones de la abogada González escapan a las previsiones de las citadas normas, ya que fueron publicadas en nuestro diario. No fueron emitidas en una audiencia judicial ni constan en ningún escrito presentado a un juez en el marco de un litigio.
Si el reglamento solo castiga los agravios cometidos en el ejercicio de la profesión, debe entenderse que los de otro origen no pueden ser castigados por el Consejo de Superintendencia de la CSJ. Está bien que así sea, pues nadie se desempeña como abogado las veinticuatro horas del día. Uno que critica severamente a la Corte a través de un diario no está ejerciendo su oficio, sino haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión. La suya no está limitada como la del militar o policía en servicio activo, miembros de instituciones no deliberantes y obedientes: si ellos no pueden criticar a su comandante, el abogado sí puede vituperar a la CSJ en su condición de ciudadano, lo mismo que un médico o un arquitecto. Además, atendiendo el bajo concepto que ha merecido la Justicia paraguaya en importantes encuestas realizadas en los últimos años, puede afirmarse que miles de ciudadanos comparten la opinión de la abogada González, como ya se ha evidenciado en las redes sociales.
Independientemente a la corrupción y morosidad que son los males principales que agobian a la Corte Suprema, han surgido casos en que los propios ministros aparecen salpicados en hechos graves que tuvieron y tienen amplia difusión. En este mismo momento, ante el asesinato de nuestro periodista Pablo Medina que conmociona a nuestra sociedad, surgen los nombres de tres ministros, Víctor Núñez, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, como favorecedores del intendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta, presunto autor moral del crimen, mediante un fallo que confirmó la libertad de este político colorado en un proceso por homicidio.
El ministro Núñez, inclusive, fue investigado por la fiscalía ante fortalecidos indicios de su enriquecimiento ilícito. Por su parte, el ministro Óscar Bajac resultó mencionado en presuntos negociados de tierras en el Chaco.
¿Por qué estos personajes deben estar por encima del común de los mortales a la hora en que la ciudadanía, haciendo uso de su derecho a expresar libremente su opinión como lo garantiza la Constitución Nacional (Art. 26), los debe premiar con aplausos por sus aciertos o con críticas por sus errores?
Es de preguntar qué medida tomaría el Consejo de Superintendencia si quien no fuera un profesional del Derecho hiciera suyas las palabras de Kattya González: evidentemente, no podría impedirle de por vida que se ganase el pan haciendo lo que sabe hacer, como sí podría hacerlo en este caso si ordenara irregularmente instruir el sumario administrativo y luego, haciendo de juez y parte, impusiera esa inicua pena a la abogada, casando su matrícula.
La abogada González no cometió ninguna falta punible según el Reglamento del Sistema Disciplinario del Poder Judicial. Los magistrados que se sientan ofendidos por unas declaraciones hechas fuera de la abogacía pueden promover individualmente una querella por calumnia, difamación o injuria, suponiendo que tengan un buen nombre y un honor que defender. Como afirmamos, muchos ciudadanos ponen en serias dudas que los tengan, pues ellos son los principales responsables de que en el Poder Judicial campeen el nepotismo, el clientelismo, el favoritismo y la corrupción. De hecho, está muy extendida la idea de que la CSJ “ha opacado el imperio de la ley e instaurado una cultura clientelar y mercantilista en la Justicia paraguaya”. Sus ministros no se harán más respetables sancionando a la abogada González, ni amedrentando a la vez a todo colega suyo convencido de que no hay igualdad de acceso a la Justicia y de que esta no es barata ni pronta, salvo que se tenga dinero para sobornar a jueces y funcionarios. Infundir temor y coartar la libertad de expresión no son los mejores modos de ganar la consideración ajena.
En democracia, los hombres públicos están expuestos a los más duros reproches y deben saber convivir con ellos. Ni el presidente de la República ni los legisladores pueden castigar por sí solos a sus críticos, como pretenden hacerlo en este caso los ministros de la CSJ, violando el reglamento disciplinario aprobado por ellos mismos.
Los abogados son tan ciudadanos como cualquiera, y en tal carácter tienen el derecho de expresar lo que piensan sobre quienes conforman la máxima autoridad judicial. Si el Consejo de Superintendencia de la CSJ aplicara ahora alguna sanción por haberlo ejercido, se ganaría el repudio de la opinión pública.
Por otra parte, los ministros de la CSJ deben saber que, considerando sus propios intereses, no les conviene que la atención pública se dirija hacia ellos, teniendo tantos trapos sucios que esconder.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Protesta sorpresa en Palacio de Gobierno POST DEL DIARIO ABC COLOR

Periodistas llegaron de sorpresa hasta la vereda del Palacio de Gobierno y se manifestaron pidiendo justicia para Pablo Medina y Antonia Almada, asesinado por la mafia el pasado 16 de octubre.



Sorprendiendo a la Policía y a los guardias presidenciales, los trabajadores de la prensa llegaron al Palacio de López con caretas del fallecido periodista que oficiaba de corresponsal de ABC Color en Curuguaty.
Cuando la Policía intentó reaccionar, la manifestación ya se estaba realizando ante las narices de la guardia presidencial y de las fuerzas del orden. Con el grito de "narcogobierno", los periodistas de ABC Color, de Última Hora, del Sindicato de Periodistas del Paraguay y del Foro de Periodistas Paraguayos aglutinados en la Coordinadora Periodistas en Alerta realizaron la ruidosa manifestación.



Las fuerzas policiales habían impedido que los trabajadores de los medios de prensa lleguen hasta el Palacio Presidencial el día en que asesinaron a Pablo Medina. "Por eso hoy llegamos hasta aquí, para mostrar que no vamos a parar de pedir justicia", gritó uno de los manifestantes en el lugar.
Los periodistas realizaron la acción recordando al corresponsal de ABC Color que fue asesinado tras denunciar a lo largo de los años a los narcotraficantes de Canindeyú. El principal sospechoso del crimen es el intendente de Ypejhú, Vilmar "Neneco" Acosta Marques, quien ya amenazó de muerte a Pablo Medina en el pasado.
Los organizadores de la manifestación responsabilizan al gobierno de Horacio Cartes de haber retirado la guardia policial al comunicador a pesar de que fue objeto de múltiples amenazas.

lunes, 27 de octubre de 2014

Abogada realiza "manifestación de silencio" contra la Corte. POST DEL DIARIO ULTIMA HORA

La abogada Kattya González se encuentra realizando una manifestación en la sede del Poder Judicial en repudio a la investigación que se inició en su contra por las afirmaciones que realizó contra algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia.



Los profesionales que acompañan la medida se colocaron tapabocas para repudiar el inicio de la investigación a la abogada. Al respecto, Kattya González señaló que la pesquisa preliminar se lleva a cabo de una manera absolutamente irregular.

"Así como a Pablo Medina, un día domingo en un asado de narcotraficantes, se decidió que iba a morir. Asimismo el día 8 de octubre de 2014, la Corte Suprema de Justicia decidió que a Kattya González se le iba a quitar la matrícula, dándome así una muerte laboral, porque lo que realmente ellos están haciendo es matarme laboralmente", expresó la abogada en la 780 AM.


La investigación se inició por las declaraciones que realizó la abogada contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia a los diarios Abc Color y Última Hora.

El Máximo Tribunal indicó que los textos publicados señalan: "La Corte Suprema de Justicia (integrada más por rufianes que ministros) como institución ha opacado el imperio de la ley e instaurado una cultura clientelar y mercantilista en la justicia paraguaya".

Agregan que "el calificativo utilizado por la abogada Kattya González, según el diccionario de la lengua española, significa 'el que hace el infame tráfico de mujeres públicas, hombre sin honor, perverso, despreciable'".
Varios profesionales acompañaron la manifestación. | Foto: Raúl Ramirez.
La abogada respondió que evidentemente da la sensación de que a los miembros de la Corte les molestan las personas que desean denunciar algo en su contra y que por eso inician este tipo de investigaciones.

"Evidentemente que nosotros molestamos, ellos quieren parecer lo que no son. La palabra rufián en una de sus acepciones es una persona despreciable; ellos a mí no me pueden obligar a apreciarlos. Yo desprecio este tipo de justicia. La justicia de la impunidad, la justicia del blindaje", señaló González.


En la manifestación también se encontraba Juan Ramón Bueno Jara, miembro del Consejo de la Magistratura, quien expresó que como dirigente gremial le preocupa la situación.

"Yo soy dirigente gremial y me preocupa esto que está pasando. No comparto las ideas de mi amiga Kattya, pero soy capaz de dar mi vida por defender su derecho a expresar sus ideas. La doctora Kattya dio su opinión como persona y gremialista. Si ella hubiera cometido una falta en un proceso, ahí podría darse el caso de la investigación, no en este caso", manifestó.

Sindicalista y dos hijos suyos llevan mensualmente más de G. 17 millones POST DEL DIARIO ABC COLOR

La sindicalista enemiga del trabajo de ocho horas legales en el Poder Judicial, Porfiria Melgarejo de Ocholasky, y sus dos hijos llevan cada mes más de 17 millones de guaraníes en concepto de salarios. Pese a los jugosos salarios que percibe ella y sus descendientes, por escasas horas de hacer oficina en tribunales, la gremialista se queja y exige aumento salarial por menos horas de labor.
La sindicalista judicial, promotora de manifestaciones de protesta y huelgas contra el trabajo laboral de ocho horas de trabajo, gana más de 9 millones de guaraníes, según documentos del Palacio de Justicia y el “Buscador del Pueblo” de nuestro diario.
A pesar de no contar con un título universitario, el total de la suma mencionada que percibe Porfiria Melgarejo de Ocholasky incluye una “bonificación” de 500.000 guaraníes.
Dentro del monto general de su salario también debe considerarse los 2.659.812 guaraníes que percibe en concepto de “gestión de servicios”.
Según funcionarios judiciales, la sindicalista también se beneficia con viáticos para diligencias que debe realizar en el marco de las actividades judiciales.
De esa forma, la cabecilla de huelgas, paros y manifestaciones de protesta contra las ocho horas legales de trabajo en el Poder Judicial mensualmente percibe un total de G. 9.809.342.
Además de esa millonaria suma, su hija mayor Amaya Yannina Ocholasky Melgarejo (25), también funcionaria del Poder Judicial, percibe un sueldo de G. 4.775.950 como “jefa de sección” de una repartición judicial.
Aparte de su salario de jefa, la hija de la sindicalista recibe un “plus” de G. 1.100.000, totalizando así la suma de G. 5.875.950.
A esos millonarios ingresos debe agregarse el salario de 1.600.000 guaraníes que cada mes percibe Jesús David Ocholasky Melgarejo (16), con cédula de identidad Nº 4.975.947, hijo menor de la sindicalista antitrabajo.
Según fuentes judiciales, el adolescente, como es menor de edad, cuenta con la autorización de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) en donde consta que sus padres le dieron el visto bueno para trabajar.
El nombre y monto del salario de Jesús David no figuran en el “Buscador del Pueblo” de nuestro diario, pero documentos del Palacio de Justicia indican que este hijo de la sindicalista figura como funcionario judicial administrativo.
No se tiene información sobre el nivel de estudio de este menor de edad ni si qué actividades específicas desempeña en el Poder Judicial. De todas formas, la sindicalista y sus dos hijos perciben mensualmente más de 17 millones de guaraníes.
Se desconoce si los hijos de la sindicalista ingresaron al Poder Judicial luego de realizar concursos de oposición.
“No tengo autorización para dar información, recurra a la fuente”, fue la respuesta de la sindicalista cuando este diario y trabajadores de otros medios le formularon preguntas sobre las actividades de sus hijos en la administración de justicia.
La sindicalista antitrabajo tendría muy buenos contactos en la Corte Suprema y sería “comadre” de un miembro de la máxima instancia judicial, según otras fuentes judiciales.
Rige ocho horas de trabajo
La Corte Suprema de Justicia dispuso el aumento de trabajo de ocho horas en los juzgados, tribunales y oficinas judiciales de todo el país.
La decisión había sido tomada durante la última plenaria que la máxima instancia judicial realizó el martes último.
Sin embargo, este régimen laboral empezará a regir recién en febrero y estará sujeto a negociaciones que deben realizar los gremios de trabajadores judiciales con la Corte.
Las tratativas se realizarán en el marco de un contrato colectivo que se mantiene en vigencia, según funcionarios judiciales.

El crimen organizado se enquistó en el aparato estatal POST DEL DIARIO ABC COLOR

Varias fueron las denuncias de los propios parlamentarios de que ese poder y los otros del Estado están inficionados por el narcotráfico. En efecto, el crimen organizado se ha instalado en el aparato estatal hace rato. La impunidad de que goza es el resultado del soborno a policías, fiscales y jueces, así como de la retribución de favores por parte de los políticos que ocupan cargos electivos gracias al dinero del narcotráfico. Si en las campañas electorales hay un enorme despliegue de recursos económicos es porque los narcotraficantes creen buen negocio invertir parte de sus cuantiosos ingresos en futuros protectores influyentes en el Gobierno. Quizás sea ingenuo pretender que en el Congreso se tienda un cordón sanitario para aislar a los seriamente indiciados y que la investigación fiscal genere alguna imputación seguida de condena. Pero, por lo menos, se impone que los partidos no vuelvan a presentar como candidatos a los parlamentarios cuyos nombres se embadurnaron con el nauseabundo olor de las drogas.
El exfiscal y actual presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, afirmó que el narcotráfico está en todas las entidades del Estado. El senador oficialista Mario Abdo Benítez se expresó en igual sentido: “hay que ser miope para no darse cuenta de que el narcotráfico está en los tres poderes”. Sus colegas opositores Robert Acevedo y Desirée Masi se limitaron al Poder Legislativo. El primero informó que el jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, conoce los nombres de los legisladores que visitan a narcotraficantes. Estas gravísimas declaraciones –desatadas por el doble crimen del que fueron víctimas el periodista Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada– no dan cuenta de nada que la opinión pública no sepa ya desde hace tiempo.
En efecto, el crimen organizado se ha instalado en el aparato estatal hace rato. La impunidad de que goza es el resultado del soborno a policías, fiscales y jueces, así como de la retribución de favores por parte de los políticos que ocupan cargos electivos gracias al dinero del narcotráfico. A veces estos últimos están directamente implicados en esa actividad delictiva, como acaba de constatarse con respecto al prófugo Vilmar Acosta, intendente municipal de Ypejhú. Los congresistas, en particular, amparan a los delincuentes mediante la influencia que ejercen sobre fiscales y jueces nombrados por ellos mismos. Esa protección podría haber tenido incluso un carácter legal, si en octubre de 2013 no hubiese sido rechazado un proyecto de ley que prohibía extraditar a presuntos narcotraficantes paraguayos: lo presentó el diputado Bernardo Villalba (ANR), defensor en una causa penal del hijo del conocido delincuente Erineu Soligo.
Y conste que en la Cámara Baja también están Carlos Maggi (ANR) –hijo del dueño de una estancia donde se habían incautado 300 kilos de cocaína–, Freddy D’Ecclesiis (ANR) –acusado por su colega Perla de Vázquez (hoy independiente) de ocuparse de los mismos “negocios”– y, desde luego, la cuestionada Cristina Villalba, entusiasta protectora de Vilmar Acosta, presunto autor intelectual del asesinato de nuestro periodista y hace tiempo denunciado por este por sus conexiones con el narcotráfico.
Si en las campañas electorales hay un enorme despliegue de recursos económicos es porque los narcotraficantes creen buen negocio invertir parte de sus cuantiosos ingresos en futuros protectores influyentes en el Gobierno. En ciertos departamentos, como los de Concepción, San Pedro, Caazapá, Canindeyú y Amambay, debe de ser muy difícil competir con quienes cuentan con el apoyo del crimen organizado, tanto en las elecciones internas como en los comicios generales y municipales. En vista de eso, sería aconsejable que las propias organizaciones políticas impidan de entrada que las personas sospechadas de tener vínculos con el narcotráfico puedan candidatarse para ejercer un cargo electivo. Y aquí no vale aquello de la “presunción de inocencia”, pues es sabido que la corrupción rampante en el Ministerio Público y en el Poder Judicial hace que la falta de imputación o un fallo absolutorio no brinden ninguna patente de honradez, aparte de que un mero tecnicismo jurídico puede conducir a que el más flagrante delito resulte impune. Vale recordar que el general Lino Oviedo había dicho en 2007 que él había salvado de la cárcel al actual diputado Maggi, a quien acusaban de narcotraficante: “Yo le solucioné con el juez su libertad y se destruyeron los antecedentes”, expresó orondamente. Apenas cabe agregar que hoy se puede lograr lo mismo con algún juez y con respecto a cualquier pez más o menos gordo de la cadena delictiva.
Si es que su financiamiento no depende del dinero sucio, los partidos políticos deben depurarse, algo que hasta ahora han evitado escudándose en la tan mentada presunción de inocencia. No se sabe de ninguna organización política que en los últimos años haya expulsado de sus filas a quien delinquió en el ejercicio de un cargo público o a quien fue condenado por dedicarse al tráfico ilícito de drogas. Es como si no les interesara en absoluto que su imagen quede manchada por las fechorías de sus afiliados. Suponen, acaso, que la corrupción no tiene ningún impacto electoral, sin advertir que los tiempos están cambiando. Un partido político que no expulsa a sus miembros sospechados de tener lazos con el crimen organizado, o hasta de formar parte de él, es uno al que no le importan su propio prestigio y su destino. Debería saber que en la primera justa electoral que haya, sus competidores lo acusarán de protector de narcotraficantes. Y será verdad.
En cuanto a los parlamentarios, el Ministerio Público debe empezar por investigar a aquellos cuyos nombres son conocidos por el jefe de la Senad; ninguno debe escudarse en sus fueros para impedir la acción de la Justicia. Más aún, conviene que, desde ya, todos los legisladores den el paso que han anunciado 22 de los 27 diputados liberales, es decir, poner a disposición sus fueros ante cualquier sospecha. Uno de ellos –Eusebio Alvarenga– lamentó que las “acusaciones generalizadas” dañen tanto la imagen institucional de la cámara. Esas acusaciones continuarán y la imagen de ese órgano seguirá estando muy afectada mientras sus miembros, así como los del Senado, sigan siendo sospechosamente complacientes con quienes delinquen o protegen a narcotraficantes. Si los legisladores honestos no tienen el coraje de desenmascarar y de apartar de su lado a quienes deshonran el Congreso, no deben quejarse de que la opinión pública los meta a todos en la misma bolsa inmunda.
Quizás sea ingenuo pretender que en el Congreso se tienda un cordón sanitario para aislar a los seriamente indiciados y que la investigación fiscal genere alguna imputación seguida de condena. Pero, por lo menos, se impone que los partidos políticos no vuelvan a presentar como candidatos a los parlamentarios cuyos nombres se embadurnaron con el nauseabundo olor de las drogas. El propio electorado sabrá castigarles si tienen la desfachatez de postularse de nuevo.
Ya no debe haber contemplación con los bandidos que fungen de legisladores, autoridades o funcionarios públicos.

    sábado, 25 de octubre de 2014

    INSTITUCION O REVOLUCION POST DEL DIARIO ABC COLOR

    13 DE OCTUBRE DE 2014

    | OPINIÓN DE PRESIDENTA DE COORDINADORA DE ABOGADOS DEL PARAGUAY

    Institución o revolución

    Una característica ineludible de un Estado de derecho es la institucionalidad. Desde una perspectiva genérica podemos decir que una sociedad o Estado poseen fortaleza institucional en tanto y en cuanto las leyes se aplican y no se advierten distorsiones en las regulaciones y resoluciones dictadas por los organismos que integran el Gobierno.
    Gremios de abogados y otras organizaciones civiles, en repetidas oportunidades se manifestaron por los cambios en la justicia y el repudio a la corrupción judicial. (Foto de archivo).
    Gremios de abogados y otras organizaciones civiles, en repetidas oportunidades se manifestaron por los cambios en la justicia y el repudio a la corrupción judicial. (Foto de archivo). / ABC Color
    En un Estado de derecho sólido y verdadero prevalecen la transparencia, la previsibilidad y la generalidad de las leyes. Estas características facilitan las relaciones entre los integrantes de la sociedad y permiten la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos que naturalmente existen en las comunidades.
    Un aspecto no menor es que a través de actos de gobierno transparentes, previsibles y que sean dictados sobre la base del principio de igualdad se contribuye con el desarrollo económico sostenible y la paz social de una nación.
    En síntesis el Estado de derecho necesita para ser efectivo:
    1) EL IMPERIO DE LA LEY: el derecho debe ser el principal instrumento de gobierno;
    2) VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LA LEY EN LA SOCIEDAD: que la ley sea capaz de guiar la conducta humana de gobernantes y gobernados; y
    3) UN PODER JUDICIAL QUE IMPACTE SOCIALMENTE: es decir, que el órgano jurisdiccional sancione los abusos y atropellos cometidos contra la Constitución Nacional y las leyes ejerciendo su rol con independencia, imparcialidad y con una perspectiva de combate a la impunidad.
    En este orden de ideas nos preguntamos: ¿El Poder Judicial en el Paraguay ayuda con el fortalecimiento del Estado de derecho? Y la respuesta es NO. La debilidad institucional de nuestro Poder Judicial es alarmante. La Corte Suprema de Justicia (integrada más por rufianes que ministros) como institución ha opacado el imperio de la ley e instaurado una cultura clientelar y mercantilista en la justicia paraguaya.
    Las excepciones son simplemente personas, buenos funcionarios que no tienen el peso institucional que se requiere para modificar este estado de cosas. La herencia de esta administración de justicia es la falta de institucionalidad acompañada con nulas políticas de Estado que nos ofrezcan la esperanza de un futuro mejor.
    El presupuesto del Poder Judicial ha aumentado en cuatro años más del ciento seis por ciento. Y la cantidad de jueces supera por mucho el nivel de conflictividad de nuestro país y el promedio de funcionarios y magistrados que poseen otros países como Chile, Brasil, Uruguay y EE.UU. cuyas administraciones de justicia son más eficientes y generan mayor confianza en la ciudadanía.
    Necesitamos –por las buenas o por las malas– sacar a estos ministros de Corte que violando la Constitución Nacional se han declarado dictadores perpetuos de la República del Paraguay. Necesitamos nuevas reglas de juego democrático que aspiren a humanizar el Poder Judicial.
    Necesitamos combatir la impunidad que con un “efecto derrame” desolador es operativizada y efectivizada desde las más altas esferas del Poder Judicial.
    Necesitamos diseñar la carrera judicial que contemple la capacitación de los funcionarios judiciales, en general, y de los magistrados, en particular, como un derecho ciudadano, un derecho humano que no puede seguir siendo objeto de negación y postergación.
    Hoy, solo quería reflexionar y gritar a través de esta pluma libertaria que ¡NECESITAMOS UNA REVOLUCIÓN JUDICIAL!
    (*) Presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.

    miércoles, 22 de octubre de 2014

    22 DE OCTUBRE DE 2014 19:17 “Ni un paso atrás, no nos callarán”

    Estudiantes universitarios y trabajadores de prensa marcharon en el barrio Sajonia de Asunción, pidiendo justicia por la muerte del periodista Pablo Medina y su acompañante, Antonia Almada.
    Con banderas negras e imágenes de las dos víctimas de los sicarios, los manifestantes partieron desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y se dirigen hasta el monolito de Santiago leguizamón ubicado sobre la Avda. Carlos Antonio López (frente a SNT- Canal 9) del barrio Sajonia.
    Al grito de “Ni un paso atrás, no nos callarán”, “justicia para Pablo” y no a la “narcopolítica”, el grupo de manifestantes expresó su repudio al asesinato del comunicador y su acompañante. Además, exigieron que la justicia aclare el crimen y condene a los culpables.
    Las personas que observaron la marcha, tanto desde sus viviendas y en las calles, corearon el cántico de los estudiantes de la carrera de periodismo de diversas universidades y comunicadores, mostrando así su respaldo al legítimo reclamo de los manifestantes.
    Ya en frente al monolito, sobre la Avenida Carlos Antonio López, varios universitarios tomaron la palabra e instaron a sus compañeros involucrarse en la problemática que afronta el país con la muerte de Pablo Medina y sus consecuencias. Argumentaron que un país no es democrático cuando se asesinan a periodistas que quieren sacar a luz las irregularidades.
    Dante Leguizamón, hijo del periodista asesinado Santiago Leguizamón, criticó que hasta el momento 14 comunicadores fueron muertos en el país y que todos los crímenes siguen impunes.
    Por su parte, el periodista de ABC Color, Eduardo Quintana, en un discurso enfático cuestionó que la libertad de expresión, consagrada en la Constitución Nacional, sea letra muerta en nuestra nación.
    En el lugar, cánticos como “Cristina Villlalba, tus manos tienen sangre”, “Van a caer, van a caer, todos los narcos del poder” y críticas al presidente Horacio Cartes no se hicieron faltar.

      REPUDIO NACIONAL A LA VIOLENCIA - POST DE ABC COLOR

      Para mañana se convoca a todos los miembros de la prensa y la comunicación, así como a la ciudadanía en general, a un acto en el que se exigirá al Gobierno paraguayo el rápido esclarecimiento del crimen de Pablo Medina y Antonia Almada
      A través de un pronunciamiento, también se pedirá la defensa clara y firme de la libertad de expresión, consagrada en la Constitución Nacional. Además de la protección para los periodistas que se encuentran amenazados o en zonas de conflicto.
      En Asunción, la concentración principal se llevará a cabo sobre la calle Yegros, frente al diario ABC Color. Durante la ceremonia se leerán fragmentos de los escritos de Pablo Medina sobre su zona de cobertura en Curuguaty, así como mensajes de adhesión para una investigación seria por parte de organismos nacionales e internacionales. Se tendrá la presencia de destacados artistas como Rolando Chaparro, Diana Barboza y Hugo Ferreira.
      Esa noche, en distintas ciudades del interior del país se realizarán actos en simultáneo, con este mismo sentido a cargo de las agrupaciones de comunicadores locales.
      La organización está a cargo de la Coordinadora de Periodistas en Alerta (CPA), del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y del Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep).
      El acceso es libre y gratuito para todas las personas interesadas.

      domingo, 31 de agosto de 2014

      OSCURO PASADO DEL FISCAL RUBEN VILLALBA - POST DEL DIARIO ABC COLOR

      El fiscal Rubén Villalba tuvo varios sobresaltos en su carrera como fiscal. El hombre se desempeña como fisal penal en la unidad número 7, ubicada en Nuestra Señora 737 y Haedo.
      Actuó en uno de los casos más emblemáticos de la justicia paraguaya, que fue el generado a raíz del incendio del supermercado Ycua Bolaños. Con el transcurrir del caso, las víctimas solicitaban con más insistencia su alejamiento. Le acusaban de dejar impunes en este proceso a los exintendentes de Asunción Enrique Riera y Martín Burt.
      También fue cuestionada su actuación cuando analizó la actuación del empresario supermercadista Elzear Salemma, investigado en su momento por llamativas transacciones que realizó con los procesados por el siniestro, en alusión a la compra de supermercados pertenecientes a la cadena Ycuá Bolaños. Las víctimas realizaron varias manifestaciones para pedir la remoción de Villalba.  
      Por otro lado, investigó un caso por el hallazgo de una carga de lidocaína. Rubén Villalba  solicitó la desvinculación del proceso de dos ciudadanos bolivianos, Alejandro Rebollo Rojas y Gabriel Humberto Flores, de los brasileños Roberto Pires Da Silva y Ronaldo Ramírez, y del paraguayo Óscar Cecilio Escobar Coronel.
      De acuerdo a los antecedentes, el hecho ocurrió el 2 de julio de 2011, cuando cayeron 80 bidones azules que se sospechaba contenían cocaína. Fue en la embarcación denominada “Alexandre Jr.”, en el Puerto de Vallemí. El fiscal antidrogas Javier Ibarra realizó el operativo, pero luego del examen de la sustancia y de que esta resultara ser lidocaína y no cocaína, remitió la causa a la unidad penal ordinaria, donde resultó sorteado Villalba.

      El fiscal pidió el “archivo”, justamente basado en que la carga era lidocaína con 100% de pureza, cuya compra y venta es permitida, según había manifestado argumentando reglamentaciones del Ministerio de Salud y de la Dirección Nacional de Aduanas.
      “No se ha podido demostrar la vinculación de estas personas con la comisión de tráfico de drogas peligrosas”, expresó el agente del Ministerio Público. Agregó que la legalidad del cargamento debe ser estudiada luego del sumario administrativo que se encuentra en proceso en Aduanas. Este punto no quedó claro para el juez Amarilla, debido a que el fiscal no pudo descartar si se trataba o no de un cargamento que ingresó de contrabando. Cuestionaba la actitud de finiquitar el proceso antes de esta conclusión.
      También lo tildaban de “negligente”, ya que llamativamente en algunos procesos no presentaba su requerimiento conclusivo, como en el caso contra el coreano Sung Bae Lim, procesado por homicidio doloso en grado de tentativa, amenaza de hecho punible, coacción, coacción grave, privación de libertad y toma de rehenes.
      Villalba intervino en el hecho que se produjo el 3 de diciembre de 2009, en el que Sung Bae Lim tomó de rehén a su paisana prestamista Eun Suk Chung Kim, a punta de pistola, en el Mercado Cuatro.
      El fiscal Rubén Villalba también participó en otro caso importante. Fue quien solicitó el sobreseimiento del extinto Lino César Oviedo en el proceso abierto por el homicidio del vicepresidente de la República Luis María Argaña.
      El fiscal Rubén Villalba Ibarra fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la supuesta comisión de los hechos punibles de prevaricato, asociación criminal, apropiación, frustración de la persecución penal, omisión de aviso de un hecho punible y persecución de inocentes, según los datos.
      El denunciante fue Sergio Rudi Martínez Duarte, quien asegura que el fiscal se apropió de su camión Mercedes Benz tipo 1620, año 1998. Lo acusó de conformar una “rosca mafiosa” para restituir los vehículos al Brasil. La requisa se realizó sin orden judicial y su actuación no fue comunicada al juez competente, señala Martínez Duarte.
      El denunciante también refiere que el camión le fue ofrecido nuevamente en venta, a través del abogado Daniel Ginés, con quien el fiscal Rubén Villalba estaría asociado, refieren los escritos elevados a los tres órganos del Estado.

      NO DECLARÓ LA VÍCTIMA

      Rubén Alberto González, violador en serie confeso, fue condenado a 8 años de cárcel por abuso sexual de un niño de 8 años, ocurrido en la zona de la Chacarita el 31 de diciembre de 2005.
      El tribunal de sentencia integrado por Daniel Ferro, Héctor Capurro y María Esther Fleitas objetó duramente la labor del fiscal Rubén Villalba, porque ni siquiera se encargó de tomar declaración en la cámara Gessell del menor que resultó víctima. El agente, consultado sobre por qué no completó esta diligencia, dijo que prefería que este no sea revictimizado.
      Indignada, impotente y con un relato desgarrador, la madre del menor víctima de la violación expresó que no le queda más que buscar justicia por mano propia, ante la exigua condena por tanto daño causado. “Es una vergüenza, quiero irme de este país, quiero vender todo lo que tengo e irme, llevarle a mi hijo; si hay alguien que me ayude a liquidarle a este desgraciado, yo pago, estoy destrozada, no esperé esto”, dijo la señora.
      Agregó sobre las secuelas que dejó el hecho en su menor: “Mi hijo me dice ‘nunca mamá voy a olvidarme, quiero ser militar no policía para que me enseñen a matar porque tengo que matarle a ese desgraciado’; tuve la esperanza de que este tribunal haga justicia para que mi hijo no se vuelva asesino”. Reclamó también el pésimo trabajo de la Fiscalía. Refirió que el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta que el violador es confeso y cuenta con otros procesos. Rubén Alberto González ya fue condenado a 18 años por abusar de otro niño.

      ARCHIVAN CASO DE MUERTE DE BEBÉ

      El fiscal Rubén Villalba pidió el sobreseimiento definitivo de la pediatra Julia Sara Acuña Appleyard y la jefa de enfermeras, Myriam Barrios, quienes supuestamente ordenaron adulterar documentos para ocultar la negligencia en el caso de muerte del recién nacido Gastón Giret, ocurrida el 22 de mayo de 2011 en el sanatorio Migone.
      Villalba, tres días después de ser asignado ante la recusación de su colega Marcelo Conigliaro, alega que tras producir pruebas peticionadas por el adjunto Marco Alcaraz, no varió la situación de las imputadas.
      El agente argumenta que se dieron testificales contradictorias de dos enfermeras que ratificaron la adulteración de la ficha médica, pero por supuesta “animadversión” hacia Barrios, por llamados de advertencias y hasta una amonestación.
      También descarta que la nursery no haya contado con un equipo de reanimación en el momento del hecho.

      NERY RUPERT BRITOS LIBRE PESE A EVIDENCIAS

      Una patrulla de Investigación de Delitos sorprendió a un ciudadano identificado como Nery Rupert Britos, sobre la calle Choferes del Chaco casi Eusebio Ayala, cuando ofertaba un automóvil Toyota Corolla, color beige, modelo 2004.
      Cuando fue requerido por las documentaciones del rodado, el sujeto que resultó ser exconvicto, presentó un certificado de nacionalización identificado con el número 081307, supuestamente expedido el 24 de febrero de 2005 y consignado a nombre de la empresa Toyotoshi, además de un certificado de transferencia de la citada firma a nombre de Lucía Marlene Salazar de Macchi, protocolizado por la escribana Florinda Benítez Mendoza.
      Agentes de la sección Crimen Organizado de Investigación de Delitos confirmaron que los documentos presentados por el sospechoso eran falsos. Ninguno de los papeles contaba con los sellos de seguridad requeridos, señalaron. En tanto que un peritaje confirmó que el automóvil tenía números de chasis adulterados. “El chasis original fue cortado para colocarle un implante con los números falsos. Creemos que fue robado el 20 de marzo del 2008 en São Paulo”, indicaron los agentes.
      Los investigadores también señalaron que varios otros accesorios del vehículo fueron cambiados. A raíz de estos descubrimientos, el caso fue informado al fiscal de turno Rubén Villalba –protegido del senador Calé Galaverna–, quien ordenó la presentación del sospechoso y las evidencias encontradas en su poder.
      El fiscal dispuso, tres horas después, la liberación de Nery Rupert Britos, sin ofrecer ninguna explicación a los agentes que participaron en el procedimiento.
      El subjefe de Investigación de Delitos de la época, comisario Gilberto Fleitas, aseguró que no hubo errores de procedimiento que pueda alegar el fiscal, pues el caso fue informado en tiempo y forma al Ministerio Público.
      El fiscal Rubén Villalba era considerado un intocable en el Ministerio Público. Quienes lo conocían sabían de su estrecha relación con el senador Juan Carlos Galaverna, a quien se conoce como su padrino.

      IMPERDIBLE...!!! POSTEO DE ABC COLOR...!!! Ñe'ẽmbeweb

      31 DE AGOSTO DE 2014


      Ñe'ẽmbeweb

      A la ciudadanía ya le queda claro que la justicia sigue sometida al poder político. Ahí está el fallo a favor de Calé y en contra del derecho de la gente.
      / Caló, ABC Color
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      Galaverna y sus jueces afirman que el encuentro hot con las dos funcionarias del Congreso fue “privado”, pero pide disculpas públicas en una sesión del Senado.
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      Evidentemente el senador colorado se sintió afectado en su imagen pública por una torpeza que cometió de filmarse y luego extraviar su celular.
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      “Hace diez años esperaba este momento”, dice un mensaje ciudadano sobre la detención del fiscal Villalba. En las redes sociales fue más festejado que un triunfo deportivo.
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      Es claro que este muchacho, sobrino del “vaciador” del BNT, Édgar Cataldi, estaba en cosas raras y apretándole a la gente.
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      Vamos a ver cómo se comporta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que preside Adrián Salas, sobre el caso del fiscal Rubén Villalba y el del juez acoseitor Pereira Saguier. Son bellos ejemplos que nos demuestran que se puede estar peor.
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      El viceministro “Iron man” Stark y el senador “Pipo” Alfonso (ANR) mantuvieron ayer una fuerte discusión en la ciudad de Iturbe sobre la situación de la Azucarera. En términos médicos, esta empresa ya sufre de septicemia.
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      En el Hospital Neurosiquiátrico hay una trabajadora social de nombre Cinthia, que sin ser siquiera personal médico percibe dos haberes. Encima no va a trabajar, según cuentan sus compañeros. Pero parece que es pariente de Eliot Ness, porque es “intocable”.
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      Y mientras este tipo de situaciones pasa a diario aumentan en los hospitales las quejas de malas praxis y falta de insumos. Hay desidia y pobreza para los recursos humanos y materiales, pero no falta para expoliar el presupuesto público con gente que planillea o para los avivados (ergo: sanguijuelas del dinero público).
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      En la Fuerza Aérea se quejan de una jefa del departamento de Odontología que desparrama argelería a diestra y siniestra, sin importarle si son funcionarios u oficiales. Se cree generala, dijeron algunas de sus víctimas.
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      Con buen criterio el Ejecutivo les peleó la potestad a los legisladores de manejar el presupuesto a su antojo. Pero al Gobierno también se le fue de las manos el manejo de las cuentas porque las ampliaciones presupuestarias están empapelando ambas cámaras del Congreso.
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      Así como están las cosas, piensan “blanquear” las groseras gratificaciones y pasarán a ser sueldos. La ciudadanía creía que se venían los recortes, pero no será así. ¡Qué bárbaro!
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      Moraleja: la ciudadanía seguirá deglutiendo polietileno otra vez en el 2015.

      ALGUNAS  OPINIONES EN LA PAGINA
      Asterio Coronel Caballero ·  Comentarista destacado
      Con todas las pruebas a la vista, veremos si el jurado de enjuiciamiento se anima a juzgar a estos dos fiscales coruptos, sinverguenzas y Bandidos me refiero al fiscal Villalba y Pereira, si no lo hacen, quien juzgara, a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento por su complicidad e inutilidad.

      Carlos Pozzoli Keppler ·  Comentarista destacado · Gerente Propietario en Broker & Negocios Inmobiliarios, Bienes Raíces, Architektur
      EL MÁXIMO EJEMPLAR DE COMO SE TIMBEA CON LA REPÚBLICA ...... TAMBIÉN CALESITEA SUS PERVERSIONES SEXUALES, COMO GRATIFICACIONES QUE ESTÁN SOLVENTADAS CON DINERO DEL PUEBLO, ........ USANDO A LAS FUNCIONARIAS FUNCIONALES A SUS ESFORZADOS DESEOS, ..... AHORA ..... "EL PUTERÍO .... PASO A SER UNA CARGA PÚBLICA"

      Honorable Ciudadana Carmen Casco ·  Comentarista destacado · Ave Maria College....Asuncion
      A la ciudadanía nos queda clarísimo muchísimas cosas...!!!..el jurado de enjuiciamiento no podrá hacer nada de nada pues el querido Rubencito ha favorecido en una oportunidad a Enriquito.., los ministros de la corte asistieron a un asado ofrecido por el hijo del actor porno..., el jurdo de etica preside el padre del juez pedofilo..degenerado, enfermo sexual Juez de la niñez y adolescencia..., seguirán las listas sábanas porque gracias a ello continuaran en sus puestos una manga de ignorantes y vividores senarratas y dipuchorros...los del EPP seguirán marcando la agenda..los médicos y los docentes seguirán cobrando mucho menos que la actris porno del congreso, jefe de fotocopias, mozo..los indígenas seguiran siendo arreados en las elecciones, pues es la única fecha en que se les quiere, se les paga por votar, seguirán los planilleros por que están protegidos....los fiscales y jueces que quieran hacer bien su trabajo tendrán todas las trabas y chicanerías , finalmente serán puestos al JEM, los transportistas seguirán con sus buses chatarras, a pesar de haberse quedado con un montón de guita que pagaremos en largos treinta años....el contrabandista de un aceite y dos cafe, será perseguido, mientras los grandes galpones irán creciendo...las bolsas de azucar decomizadas ya se habrán vendido...en fin larga es nuestra letanía...no tenemos fuerza suficiente todavía de cambiar, no es que no nos demos cuenta....

      POST DIARIO ABC COLOR- MAS SOBRE EL FISCAL COIMERO.....

      31 DE AGOSTO DE 2014


      Pidió transferencia de una finca en Yaguarón

      La denuncia formulada por Daniel Mitjans el 21 de agosto pasado revela que el fiscal también le pidió que le transfiera una propiedad ubicada en Yaguarón.
      Daniel Mitjans, abogado denunciante.
      Daniel Mitjans, abogado denunciante. / ABC Color
      “En julio de este año me llamó una persona que se presentó como emisario del agente fiscal Rubén Villalba, que me comunicó que fue abierta una causa 2207/14, y que el citado fiscal quería una suma de dinero a cambio de no imputarme. No accedí y a consecuencia fui imputado por hechos que habían sido objeto de investigación en otra causa, de la cual fui sobreseído. Este mismo fiscal en ocasiones anteriores me había solicitado sumas de dinero y automóviles a cambio de ayudarme en otras causas penales que tenía y que habían sido denunciadas en su unidad. Él me llamaba y me enviaba mensajes desde su celular (0992) 436279 y a través de su emisario Rodrigo Villamayor desde su teléfono celular (0981) 405691”, dice la denuncia.
      Añade: “El lunes 11 de agosto de este año me enteré de que fui imputado en la causa 7647/12, por el mismo fiscal. Ese mismo día recibí una llamada a mi celular (0994) 117199, del nuevo emisario Ariel Venialgo desde su teléfono (0981) 900692 y (0994) 355230, solicitándome en nombre del fiscal Rubén Villalba mi propiedad ubicada en la ciudad de Yaguarón. Para el efecto solicitó el número de finca y diez mil dólares americanos para dejarme tranquilo y posteriormente solicitar la desestimación en ambas causas, es decir, de las causas 7647/12 y 2207/14, ambas obrantes en su unidad”.
      Agrega: “Le contesté que sí, que el jueves 14 le entregaría los diez mil dólares y la finca en los términos en que él disponga. Ariel Venialgo me manifestó que él sería el encargado de recibir la plata y que le transfiriera la finca a su nombre”.

      COMENTARIOS DEL PERIODICO ON LINE
      Waldo Fernández ·  Comentarista destacado
      Esto aparece en Internet:
      1. RODRIGO VILLAMAYOR
      Categoría Djs/Musicos/ Orquestas
      País Paraguay
      Región Distrito Capital
      Dirección Avda. Medicos Del Chaco Esq/ Teodosio Gonzalez, 595021, Asuncion, Distrito Capital, Paraguay (Ver mapa)

      Teléfono 021556113 / 0981405691
      Fax 021556113

      2. JUAN ÁNGEL ARIEL FERNANDO CIBILS – Cargo: Profesional Superior II – Categoría: Contratado
      Se presenta como Asistente en la Corte Suprema de Justicia.
      • Honorable Ciudadana Carmen Casco ·  Comentarista destacado · Ave Maria College....Asuncion
        Rodrigo Villamayor a parte de DJs se hizo abogado, después de que yo presentara una querella en lo penal contra su padre...después de muchooo!! , perdida por tres veces de mi expediente...audiencias suspendidas...en la preliminar se cambia el fiscal que había imputado y aparece este Ruben Villalba, y sobresee...!... que barbaridad...!!!! cada día voy descubriendo mas cosas...!!!!....Rodrigo Villamayor...!!!